Aquí expongo una nota de prensa de una resolución del tribunal constitucional que me ha parecido oportuna en relación con la organización del Poder Judicial y mas en concreto con el funcionamiento y aspiración de candidatos a formar parte de los tribunales superiores de justicia.

NOTA INFORMATIVA Nº 118/2018
EL TC INADMITE EL AMPARO DE LA MAGISTRADA PILAR ALONSO
SAURA QUE ASPIRABA A PRESIDIR EL TSJ DE MURCIA
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría de sus magistrados
inadmitir a trámite el recurso de amparo presentado por la magistrada María Pilar Alonso Saura,
que fue candidata a presidir el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, al apreciar
que no existe vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a
la ejecución de una resolución judicial firme en sus propios términos, ni discriminación por razón
de sexo. La magistrada impugnaba varias resoluciones: el Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) de 26 de mayo de 2016, que declaró ejecutada la sentencia
del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 10 de mayo de 2016; el Real Decreto de
nombramiento del candidato ganador (el magistrado Miguel Pasqual de Riquelme), y la
sentencia también de la Sala Tercera del Supremo, de 27 de junio de 2017, que declaró
correctamente ejecutado su fallo anterior.
El Auto del Pleno, cuyo ponente ha sido el Magistrado Ricardo Enríquez,
apoyándose en la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos sobre el derecho a la ejecución, explica en relación con el primer motivo
de la demanda de amparo, que la estimación parcial del recurso contencioso de la recurrente
en mayo de 2016, no supuso anular la decisión de fondo del CGPJ favorable al otro candidato
sino que el Supremo se limitó a exigir al CGPJ que motivara varios apartados de la convocatoria
ya resuelta. Esto fue lo que hizo el CGPJ en su Acuerdo de 26 de mayo de 2016, que no valoró
los nuevos apartados sino que los motivó con detalle. Por tanto, el TC señala que no hay base
para hablar de lesión del derecho a la ejecución de las sentencias firmes.
En cuanto al motivo de vulneración del derecho a no sufrir discriminación por
razón de sexo, la recurrente señalaba en primer lugar, que el CGPJ no tuvo en cuenta las
normas de “acción positiva” establecidas a favor de las juezas y magistradas para su promoción
en la carrera judicial, a igualdad de méritos en un concurso con candidatos varones.
El Auto considera que el fundamento de dichas medidas se encuentra en nuestra
Constitución en el principio de igualdad material de su artículo 9.2 y no en el derecho
fundamental a la igualdad y a la no discriminación del artículo 14. En este sentido, la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea evidencia que en los procedimientos selectivos deben agotarse las posibilidades
para valorar todos los méritos y circunstancias de los candidatos en relación con la plaza
vacante, sin que pueda optarse por una solución automática en favor de la mujer, lo que en
nuestro ordenamiento entronca con el respeto a los principios de mérito y capacidad, por los
que debe regirse el acceso y promoción dentro de la función pública.
En cuanto al segundo argumento que emplea la magistrada, que el CGPJ la privó de la plaza en litigio por ser mujer, la mayoría del Pleno señala que no se encuentra ningún indicio que sustente esta tesis, ya que el órgano de gobierno de los jueces explicó por qué no aplicó las normas de acción positiva en caso de igualdad sustancial de méritos, ya que el otro candidato reunía más méritos para el cargo.
Finalmente, el Auto recuerda que se trata de la cobertura de una plaza con funciones gubernativas y jurisdiccionales, que no es un concurso ordinario con requisitos puntuables, sino que para su resolución se confiere al Consejo un margen innegable de discrecionalidad, como ha reconocido ya el Tribunal en su STC 238/2012, debiendo realizar una ponderación en conjunto de todos los apartados valorables. Y finaliza con unas consideraciones específicas en torno a los tres apartados de méritos donde la demanda considera que existe mayor distancia entre los candidatos.
El auto cuenta con tres votos particulares suscritos por cuatro magistrados. El primero, de la Magistrada Encarnación Roca, sostiene que, tras declarar el Pleno que el recurso de amparo tenía trascendencia constitucional la admisión era obligada con independencia del resultado sobre el fondo al que, finalmente, se llegara por sentencia. En su opinión, la falta de lesión no era “patente, clara y notoria”, ni podía serla, dada la ausencia de doctrina constitucional previa para poder dar respuesta a la cuestión planteada. Por tanto, procedía la tramitación del recurso y resolución por sentencia.
El segundo voto, del Magistrado Juan Antonio Xiol y al que se adhiere el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, considera que la cuestión planteada en este recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional por más motivos de los que considera la opinión mayoritaria. Según se sostiene, este asunto plantea una cuestión jurídica de relevancia general al incidir en el alcance del control judicial de los nombramientos judiciales (en particular, en el control que tiene como objeto garantizar el derecho a la ejecución de sentencias). Asimismo, se entiende que, como en el presente caso la discriminación denunciada se produce en un ámbito -la carrera judicial- donde la brecha de género es difícilmente explicable, tiene gran importancia social, por lo que no puede considerarse carente de relevancia constitucional determinar si existe o no esta infracción constitucional.
En el voto se exponen las razones por las que se entiende que no es evidente que las resoluciones impugnadas no hayan incurrido en la lesión del derecho a la ejecución de sentencias y a la discriminación por razón de sexo que denuncia la recurrente. Por este motivo se considera que el recurso hubiera debido admitirse a trámite con el fin de analizar si las discrepancias existentes entre el acuerdo impugnado con la sentencia que ejecuta y los indicios en los que la recurrente sustenta la alegación relativa a la discriminación tienen entidad suficiente para apreciar o no la lesión de estos derechos fundamentales. También se sostiene que la resolución de este recurso hubiera sido un buen momento para efectuar un análisis en el que se ponderase si la persistente brecha de género que sigue existiendo en casi todos los ámbitos de la sociedad justifica un cambio en la doctrina constitucional que conllevara que estas medidas, una vez establecidas por el legislador, conformaran el ámbito garantizado por el art. 14 CE.
El tercer de voto es de la Magistrada María Luisa Balaguer, que también discrepa con la decisión de inadmitir a trámite el recurso de amparo. A su juicio la especial trascendencia constitucional identificada en el recurso planteado hubiera debido bastar para admitirlo a trámite. La demanda plantea, de un lado, el problema del alcance de la discrecionalidad del Consejo General del Poder Judicial, en los nombramientos de determinados puestos en la carrera judicial; y de otro, la cuestión de la parificación entre hombres y mujeres en los puestos cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, es decir en los puestos de la cúpula del Poder Judicial. Ambos problemas, que afectan a la interpretación de los arts. 9.2 y 3, 14, 23.2 y 103.3 CE, hubieran ser resueltos en sentencia, y no a través de un Auto de inadmisión adoptado por un estrecho margen, y sin haber dado audiencia al Ministerio Fiscal.
Por lo que hace a las cuestiones de fondo planteadas, el voto entiende que la discrecionalidad del CGPJ, en su potestad de efectuar nombramientos, ha de circunscribirse al estricto respeto a determinados preceptos de la Constitución, en particular a los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE), al derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE), y a los principios de mérito y capacidad que han de inspirar el acceso a la función pública (art. 103.3 CE). Cualquier nombramiento que no tenga en cuenta todos estos límites, no podrá calificarse como acorde con la Constitución.
Por último el voto afirma que el Tribunal debiera haberse pronunciado sobre si es o no posible integrar como límite a la discrecionalidad del Consejo la garantía de la igualdad material ex art. 9.2 CE, y por tanto la promoción de las mujeres en puestos de gobierno del Poder Judicial en los que están claramente infrarrepresentadas. Argumenta la Magistrada que, siendo las mujeres una mayoría numérica en la carrera judicial, y no replicándose esa presencia en los puestos de Gobierno cuya selección corresponde al Consejo, debería haberse planteado el Tribunal si existe algún problema con la discrecionalidad en los nombramientos, o con la valoración de méritos que sostienen un sesgo de género y provocan, por ello, una clara discriminación indirecta.
Madrid, 29 de noviembre de 2018

 
Realizado por: Pedro Jesús Campos

Realizado por Elisabeth